La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Pozzo y Pina por usar el Granada para defraudar a Hacienda. Anticorrupción les acusa de «tomar el control« del club para «poner en marcha un plan criminal« y lucrarse en perjuicio del fisco.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una petición de 12 años de prisión. Petición tanto para el expropietario del Granada CF, Gino Pozzo, como para el expresidente, Quique Pina. Esta solicitud se fundamenta en la presunta comisión de tres delitos fiscales agravados. Así es como consta en el escrito de acusación firmado por el Ministerio Público. Y, ahora, es en la Audiencia Nacional, donde el fiscal solicita que se sienten en el banquillo de los acusados.
Según la tesis de Anticorrupción, Pozzo y Pina (el último, como cooperador) «pusieron en marcha un plan criminal a largo plazo. Para que, a partir de la toma del control del Granada CF en el año 2009, y mediante la ejecución de una compleja estrategia, les permitiera que las plusvalías, que fueran obteniendo mediante el traspaso de jugadores profesionales de fútbol, se transfirieran artificialmente a Luxemburgo y no tributasen en España«.
De esta forma, habrían causado un «notable lucro económico en perjuicio de la Hacienda pública nacional«. Así lo expone Anticorrupción en su escrito de acusación. De la misma manera, Anticorrupción solicita a la Audiencia Nacional que el Granada sea condenado a abonar 26,9 millones de euros. «Como persona jurídica penalmente responsable« de tres delitos agravados contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público, también pretende que el club no pueda disfrutar de ayudas públicas o beneficios fiscales por un periodo de 12 años.
Como responsabilidad civil, el fiscal del caso solicita que Pozzo, Pina, el Granada CF y otros acusados abonen a Hacienda, «con carácter solidario y por iguales partes«, las cuotas no ingresadas por el Impuesto de Sociedades. Según el escrito de Anticorrupción, habrían eludido durante los ejercicios de 2013, 2014 y 2015. En total: casi 10 millones de euros. El documento firmado por el fiscal considera a Gino Pozzo el «titular real» del Granada y su «beneficiario último«. Era el beneficiario último pese a las «entidades instrumentales« interpuestas en la gestión del club.
La operación
En el marco de la investigación, la Fiscalía expone que los acusados habrían llevado a cabo una operación fraudulenta mediante un «contrato de cuentas en participación«, permitiendo al Granada CF fichar jugadores a cambio del 95% de los futuros traspasos a un nuevo club. Se alega que, por medio de empresas pantalla y sociedades interpuestas, lograron controlar el club en una etapa de crisis económica. La estrategia incluyó la venta de derechos de jugadores a Orange Chiffon Trading Limited, con el objetivo de vaciar el patrimonio del club y evadir impuestos.
En el periodo de 2013 a 2016, la Fiscalía señala que los directivos, Quique Pina y Gino Pozza, se beneficiaron económicamente al eludir cuotas del Impuesto de Sociedades. Incluso después de la venta del club en 2016 a un grupo chino, los acusados se mantuvieron como figuras clave, conservando acceso a cuentas bancarias y perpetuando la estructura que, según la Fiscalía, tenía como fin último vaciar los recursos del club y trasladar plusvalías fuera de España.
