El juez ha determinado que Cornellá se cerrará para los dos próximos partidos debido al altercado que se produjo en la jornada 34 de LaLiga 22/23. En aquel partido se enfrentaron Barcelona y Espanyol, y al final del partido hubo una invasión de campo de unos 200 aficionados pericos debido a la celebración del título de liga de los de Xavi, lo que obligó a intervenir a los de seguridad y a los Mossos d’Esquadra.
Tarde pero sentenciado
Se había dado un plazo de un mes para que el juez competente dictase la sentencia sobre los hechos ocurridos en el derbi catalán. El RCD Espanyol ya conocía dicha sentencia hace varios días, pero hoy se ha hecho oficial. Los hechos producidos en el RCDE Stadium el 14 de mayo, tras haber finalizado el partido, tendrá duras consecuencias para la entidad local. La entidad tratará de cambiar la sentencia, que afecta principalmente a su afición.
El juez instructor, que fue nombrado el 17 de mayo por el Comité de Competición, tras haber abierto un expediente extraordinario debido a la gravedad de lo ocurrido, ha propuesto la clausura del estadio durante dos partidos. Lo que significa que se disputarían a puerta cerrada, es decir, sin público los dos primeros encuentros oficiales de la temporada 2023-24, los cuales serían ante el Racing de Santander el 20 de agosto, y en la segunda jornada su rival sería el Amorebieta el 3 de septiembre.
El RCD Espanyol recurrirá a la sanción
El club ha emitido un comunicado en la mañana del jueves, alegando que recurrirá la sanción a todas las instancias posibles. Desde el club se alega que “El RCD Espanyol siempre se ha manifestado en contra de cualquier acto violento”, y asegura haber actuado siempre “de forma ejemplar y proactiva». Referente al caso de la invasión de campo “como los propios cuerpos de seguridad han reconocido, el Espanyol dispuso de todos los medios y medidas”. Los pericos consideran que “se aplica un criterio desproporcionado e inconsistente con otros casos que afecta a todo el club y a los abonados de todos los sectores del Estadio”.
La entidad cree que la sanción es “desproporcionada por parte del Comité de Competición, aplicándose a nuestro juicio un agravante ejemplarizante que carece de fundamentación jurídica ni soporte tangible más allá de juicios de valor sesgados”. En el comunicado acaban diciendo que “en defensa de nuestros legítimos intereses y los de nuestra afición, agotaremos todas las vías de recurso y amparo a nuestra disposición”.
